Los datos surgen del informe “Política educativa basada en evidencia: tutorías”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Graciela Cappelletti (profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de San Andrés, y cofundadora de Andamia consultora), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza la evidencia disponible –en América Latina y el resto del mundo– acerca de los efectos de las tutorías en las trayectorias escolares de los estudiantes.
Las tutorías son espacios de formación individuales o en grupos pequeños, orientados especialmente a acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes. Abarcan aspectos que van desde el apoyo al aprendizaje hasta el desarrollo socioemocional y la atención a las necesidades de cada alumno. Pueden implementarse en la escuela primaria y en la secundaria; también existen experiencias en el nivel universitario.
Pueden estar a cargo de maestros, voluntarios o pares (compañeros de clase), entre otras alternativas. Con frecuencia involucran a todos los actores escolares, incluyendo a las familias. Los perfiles de los tutores y de los destinatarios de las tutorías varían según el objetivo y el formato de cada programa. También varía la periodicidad de los encuentros, su duración y la modalidad de integración con la propuesta escolar.
Más allá de esta diversidad, la evidencia disponible muestra que los programas de tutorías pueden mejorar los desempeños en comprensión lectora, matemática y ciencias; disminuir la probabilidad de abandono escolar; aumentar la graduación a tiempo de la escuela primaria; mejorar la tasa de asistencia y las calificaciones de los estudiantes; y fortalecer la autoestima y las habilidades socioemocionales, entre otros efectos.
Según las evaluaciones de impacto, las tutorías son más efectivas para la mejora de los aprendizajes que otras intervenciones como la mentoría de estudiantes y docentes, la enseñanza asistida por computadoras o los programas de verano.
En Argentina, el artículo 32 de la Ley de Educación Nacional establece que las jurisdicciones deben garantizar, entre otras cosas, la implementación de alternativas de apoyo a la trayectoria escolar de los jóvenes, como tutores y coordinadores de curso, con el objetivo de “fortalecer el proceso educativo individual y grupal de los estudiantes”.