El financiamiento educativo provincial muestra una tendencia general hacia la baja y una pérdida de prioridad frente a otras áreas del gasto público en la última década. En 19 de las 24 jurisdicciones argentinas, el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. Además, 22 jurisdicciones recortaron el presupuesto educativo en 2024 con respecto a 2023. En la mayoría de las provincias, la inversión en educación no logró sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.
Las provincias aportan, en promedio, el 75% del presupuesto educativo: el restante 25% es financiado por la Nación y se asigna centralmente al sistema universitario. Alrededor del 90% del gasto educativo provincial se destina a salarios docentes. Si bien la Ley de Educación Nacional establece que el gasto consolidado en educación debería alcanzar el 6% del PBI, la norma no especifica qué proporción de ese 6% debe ser financiada por cada nivel de gobierno.
Entre 2014 y 2024, la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total cayó en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación. Al comparar 2024 con 2023, se observa que 11 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo.
Los salarios docentes son más bajos que hace 10 años en 21 provincias: sólo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran salarios más altos en 2025 que en 2014. Pese a la caída de largo plazo, los datos de 2025 muestran una recuperación parcial respecto de 2024, con incrementos reales en 13 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, 21 provincias aún presentan niveles inferiores a los de 2023.
Entre 2023 y 2024, en la mayoría de las jurisdicciones cayó el gasto en Educación y Cultura y se redujeron los salarios docentes, en un contexto marcado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Solo en 3 provincias –Chaco, Neuquén y Santiago del Estero– se observó un aumento real del presupuesto educativo a la vez que hubo una caída en los salarios, lo que sugiere que absorbieron parcialmente el impacto reasignando recursos propios. Por otra parte, en 11 jurisdicciones la inversión educativa se redujo más que los salarios, lo que indica un ajuste adicional en otros rubros como infraestructura o materiales.
Los autores advierten sobre la falta de información pública transparente y estandarizada que permita las comparaciones entre provincias, y señalan que para 2025 no se cuenta con datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función, lo que impide monitorear con precisión la evolución del gasto educativo en todas las provincias.
