En 2026 el Gobierno nacional prevé aumentar un 23% los recursos para la función “Educación y Cultura”: destinará 6,8 billones de pesos a precios de 2025, según el proyecto de Presupuesto 2026. La cifra supondría un crecimiento real de entre 4,4% y 8% con respecto a 2025, dependiendo de si se considera la inflación anual estimada en el proyecto de ley (13,8%), o la calculada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA (17,8%).
De acuerdo con lo previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, la función Educación y Cultura recibirá más recursos que en 2025, pero su participación en el PIB sigue por debajo del 1%. La inversión nacional en educación pasó de un máximo de 1,59% del PIB en 2015 a una reducción sostenida en los años siguientes: fue de 0,86% en 2024, y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman la tendencia descendente. El proyecto oficial prevé derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PIB a educación (sumando los aportes de Nación y provincias). Esa meta se cumplió sólo en el año 2015.
La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias. A partir del análisis de la evolución de los salarios docentes que pagan las provincias, se estima que también su inversión ha bajado drásticamente en los últimos dos años. Esta estimación no puede confirmarse debido a la ausencia de datos públicos, pero indicaría que la baja no es sólo propiciada por el gobierno nacional sino también por los provinciales.
La evolución del gasto educativo nacional (medido en pesos constantes de 2025) muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018 hasta 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una nueva contracción en 2024 y 2025. La recomposición prevista para 2026 –que depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el Poder Ejecutivo Nacional– configuraría un comienzo de recuperación frente al ajuste acumulado en los años anteriores, señalan los autores.
Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2026: sus recursos variarán un 17,9% con respecto a 2025, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% (según la inflación del proyecto de ley) y de 0,1% con la inflación del REM. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores.
Las universidades siguen siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. Dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total (con una caída de 2,1 puntos con respecto a 2025), seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” con 9,2% (3,1 puntos más que en 2025) y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” con 5,8% (0,5 puntos más que en 2025). En total, el gasto destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria alcanza el 14,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, mientras que casi 8 de cada 10 pesos (77%) son para el nivel universitario y el restante 8,4% para el rubro “otros gastos”. La porción del presupuesto destinado al sector universitario es más grande de lo que fue históricamente.
En 2026, los recursos del Plan Nacional de Alfabetización estarán destinados centralmente a la ampliación de la jornada extendida: esa política recibirá el 82,1% de los fondos. Esto refleja un cambio en las prioridades del plan, que mantiene sus líneas de formación docente, producción de materiales y articulación federal, pero avanza hacia una fase de extensión del tiempo escolar como componente del plan de alfabetización, según analizan los autores del informe.